GOBERNABILIDAD
Una de las preocupaciones del estado es la preservación de la estabilidad social. Sin duda alguna, en la actualidad se registra una importante presencia de expresiones ciudadanas que promueven el consenso; sin embargo, igualmente existen manifestaciones que, en ocasiones, generan disenso, conflicto y oposición irracional.
En ese sentido, el reto es construir un escenario de sanos equilibrios, de diálogo, de tolerancia y de cordialidad que implica escuchar todas las voces y generar mecanismos de conciliación que hagan gobernable el estado.
El Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2015 elaborado por Fundación Konrad Adenauer, Polilat, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de México (Colmex), permite conocer el estado de la democracia mexicana con base en indicadores elaborados a partir de elementos de orden jurídico, político, civil económico y social, mediante los cuales es posible tener una visión multinivel del estatus de la democracia en México, toda vez que muestra los indicadores relativos al contexto nacional y un desglose de las condiciones democráticas en las entidades federativas. A través de estos se presenta una visión integral de la democracia mexicana, así como su impacto institucional para la protección de los derechos, las igualdades y las libertades de los mexicanos.
En su séptima edición el IDD-MEX 2015 se estructura para medir cuatro dimensiones de la democracia mexicana: 1) Democracia de los Ciudadanos, 2) Democracia de las Instituciones, 3) Democracia Social y 4) Democracia Económica.
En el Índice del año 2015, el estado de Quintana Roo obtuvo 4.294 puntos y se ubicó en la posición número 26 a nivel nacional. Sin embargo, es preciso mencionar que desde el año 2010 la calificación en el índice disminuyó considerablemente, pues se contaba con 6.019 puntos y cuatro años después bajo a 3.077, que fue la puntuación obtenida en 2014. Lo anterior es resultado de debilidades estructurales en el estado que inciden en la falta del ejercicio democrático de los ciudadanos en lo social, económico y político (ver gráfica 2.1).
En la última medición del índice se identificaron debilidades como el voto de adhesión política, el respeto de los derechos políticos y libertades civiles, así como el género en el gobierno.
En el mismo índice, se encuentra la dimensión de Calidad Institucional y Eficiencia Política, que tiene como índice la Percepción de la Corrupción4 con una puntuación de 3,670 colocando al estado en el lugar número 13 del país.
Lo anterior se debe a una alta percepción de la corrupción en el estado y a su disfuncionalidad institucional, respecto a la atención a las necesidades de los ciudadanos con políticas de gobiernos responsables.
La segunda edición del estudio México: Anatomía de la corrupción5 elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de INEGI 2015, ubica al estado de Quintana Roo en séptimo lugar con menor incidencia de corrupción.
4 Transparencia Mexicana define como corrupción el mal uso del poder encomendado, para obtener beneficios privados. 5 CIDE e IMCO, María Amparo Casar, México: Anatomía de la Corrupción 2da. Edición, página 27 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016- Anatomia_Corrupcion_2-Documento.pdf 6.019 5.258 4.842 3.895 3.077 4.286 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 124 De acuerdo con Lantia Consultores6 los índices de ingobernabilidad traducidos en bloqueos en vías de comunicación, movilizaciones y marchas, así como linchamientos, se agravaron en el año 2015 en el que se registraron 14 conflictos de este tipo (ver gráfica 2.2).
El Congreso del estado de Quintana Roo aprobó en el año 2014 la Ley de Ordenamiento Cívico que regula las marchas, manifestaciones y plantones en el estado, convirtiéndose en la primera entidad del territorio mexicano en regular las protestas sociales. En ella se prohíben los bloqueos en vía pública y otras medidas de índole administrativa, y además establece como sanciones la amonestación, multa y el arresto administrativo.
6 Lantia Consultores, Diagnóstico Ejecutivo en materia de Seguridad Pública y Gobernabilidad para el gobierno estatal de Quintana Roo y Ayuntamientos 2016, II. Gobernabilidad
De igual forma, el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional del IPADE, en su estudio sobre Gobernabilidad en México7 , que si bien no presenta información desagregada por estado, explica un índice de gobernabilidad que se integra por cinco dimensiones: 1) Estabilidad política interna, que calcula la probabilidad de que surjan amenazas que afecten la continuidad de las políticas públicas; 2) Representación, legitimidad y responsabilidad, que mide la confiabilidad en la democracia y la calidad política; 3) La eficacia de Gobierno, que estima la calidad en la impartición de justicia y la corrupción en las instituciones; 4) Los medios de comunicación, que mide varios aspectos del ejercicio de los medios de comunicación para promover la civilidad y el derecho a la información; y 5) El sistema social, que estima la cantidad de las políticas que impulsan la educación, el trabajo, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Estos indicadores se componen por encuestas de percepción.
El INEGI, ha medido la participación cívica y política8 , que es proporcional al porcentaje de personas que participan en un partido político, organización no gubernamental (ONG) o hacen voluntariado en asociaciones filantrópicas. Para la medición del año 2014, el estado se ubicó en el lugar 11, con un puntaje de 8.95%, siendo que la media nacional es de 5.74%. Según este indicador, si había participación organizada en el estado; sin embargo, ésta había sido acallada por el Poder Ejecutivo estatal.
En lo relativo a la participación electoral9 se nota un desencanto en el porcentaje de personas que votaron con respecto al número de personas inscritas en el padrón electoral. Al considerarse únicamente las elecciones federales desde el año 2000, el estado se ubicó en el lugar 28, con un reprobado 58.1%, muy por debajo de la media nacional que es de 63.1%. Las cifran indican, como ya se ha mencionado, que los ciudadanos ya no confían en los políticos y en las instituciones, por lo que ya no acuden a votar.
Estudio para la Gobernabilidad en México, CEGI, http://www.ipade.mx/Documents/cegi/estudio-sobre-gobernabilidad-en-mexi… 8 INEGI Módulo de Bienestar Autorreportado, 2014 9 OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE, con base al Atlas de resultados Electorales Federales 1991-2012 del INE. Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con INEGI 201310 en Quintana Roo por cada 100 mil habitantes hay 13 mil 939 han sido víctimas de corrupción, cifra por encima de la media nacional, ubicándose en quinto lugar; esto quiere decir que el estado se encuentra entre los que tienen una tasa de prevalencia de corrupción más alta. Para el año 2015, la tasa fue de 13 mil 85 víctimas. Además, la tasa de incidencia de corrupción (Actos de Corrupción) por cada 100 mil habitantes fue de 37 mil 310 para el año 2013. En comparación con el año 2015, los actos de corrupción disminuyeron a 18 mil 186 (ver gráfica 2.3).
¿En qué debemos actuar inmediatamente?
Para que exista gobernabilidad se requiere de cinco puntos esenciales:
- Respeto hacia los derechos humanos;
- Incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones por medio de la buena gobernanza;
- Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), INEGI 2013
- Hacer eficientes los procesos gubernamentales para generar confianza en las instituciones;
- Respeto irrestricto hacia los distintos poderes y niveles de gobierno;
- Impulso del Estado derecho.
El cumplimiento de estos preceptos es primordial para mantener el orden público y garantizar la cohesión social.
Otro elemento importante es la estabilidad del sistema político y la garantía de una representación equitativa de todas las fuerzas políticas en el poder público.
El ideal democrático estriba en la inclusión de todas las ideologías para darle legitimidad a un modelo de gobierno. Para alcanzar ese ideal es necesario establecer un marco de negociaciones, compromisos y políticas concertadas con el propósito de alcanzar acuerdos en beneficio de la sociedad.
De esta manera, la propuesta para el reforzamiento de los valores de la democracia se ocupará de hacer valer principios básicos, entre los que destacan los siguientes:
1. Libertad de asociación;
2. Libertad de expresión y de opinión;
3. Acceso al poder y su ejercicio en el marco de la ley;
4. Separación e independencia de poderes;
5. Transparencia y responsabilidad en la administración pública.
En este sentido, consolidar el municipalismo es prioritario, para darle vigor a las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas del estado. El municipio es la célula básica de nuestro sistema político y se erige como la base piramidal del desarrollo generalizado. Por ello, se requiere respetar sus facultades y promover el equilibrio en su desarrollo para generar cohesión, fortalecer la gobernabilidad e incrementar las posibilidades de brindar a la ciudadanía las oportunidades para su pleno crecimiento.
Dentro de este contexto global, los municipios deben responder a por lo menos siete grandes retos:
1. La construcción de una nueva base económica;
2. La modernización de su infraestructura urbana;
3. La mejora en la calidad de vida de sus habitantes;
4. El impulso de la integración social;
5. El conocimiento como perspectiva de futuro;
6. La construcción de espacios de innovación por medio de la gobernanza;
7. La protección y cuidado del medio ambiente.
Esto obliga al Estado a replantear nuevas reglas de trabajo y de cooperación para hacer valer lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues gobernar en contextos políticos verdaderamente plurales implica instaurar sistemas de cooperación eficientes, no solo en materia de gobernabilidad, sino en todos los rubros en los que influye el gobierno estatal.
De ahí la necesidad de conjuntar recursos, experiencias y esfuerzos para que el desarrollo de la sociedad se convierta en un propósito compartido.
La propuesta entonces consiste en construir una Agenda común con los 11 municipios de la entidad en la cual se fortalezcan las capacidades hacendarias, se consolide la visión de autonomía y se mantenga una estrecha relación de respeto y respaldo para concretar los proyectos municipalistas.