En México, la normatividad en materia de planeación y presupuestación gubernamental para las entidades federativas está determinada por las atribuciones establecidas en el marco del Sistema Nacional de Planeación expuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su aplicación a través de las leyes de Planeación, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y recientemente en la de Disciplina Financiera.
Se debe mencionar que, en muchos casos, la atención a los preceptos mencionados no se ha traducido en la obtención de buenos resultados; si bien las leyes reglamentan con amplitud el ciclo presupuestal, prácticamente puede decirse que su uso sólo ha servido para justificar actuaciones cíclicas y tradicionales que evidencian ineficiencia, ineficacia, opacidad y poca responsabilidad en el manejo con los recursos públicos.
La promulgación de nuevos ordenamientos jurídicos han sido una solución urgente a los errores que comúnmente se cometen en el funcionamiento de los aparatos administrativos; la experiencia reciente en el estado de Quintana Roo demuestra que la improvisación, la falta de planeación, la deficiente organización y la pésima asignación presupuestal son prácticas arraigadas; es tal el descontrol que impera en la mayoría de las instancias de gobierno que después de la puesta en marcha del marco normativo citado ha sido notable la deficiente planeación gubernamental.
Es evidente que la publicación de las leyes no son acompañadas de resultados positivos tangibles en todos sus ámbitos de aplicación; es una realidad inobjetable la brecha existente entre el diseño de éstas y su distanciamiento de la realidad, puesto que en materia de planeación administrativa y buen gobierno no existe concurrencia ni consenso respecto a la atención de los preceptos, ni al rumbo único que los gobiernos deben tomar para subsanar los errores del pasado, atender las demandas y necesidades presentes, así como prevenir posibles eventualidades futuras.
La planeación administrativa del gobierno, fundamentada exclusivamente en los ordenamientos para la programación de acciones y la asignación de recursos en su ejecución no trasmite claridad en su instrumentación ni credibilidad en la gestión pública desempeñada; los gobernantes no han logrado dar curso a las demandas ciudadanas a través de una visión estratégica que garantice la satisfacción y el cumplimiento de procesos, por lo que contrariamente a lo establecido en los nuevos postulados metodológicos, lo que se reproduce de manera sistemática es un modelo de gobierno en el cual la desagregación burocrática y la falta de coordinación excluyen a los ciudadanos, tanto en el diseño como en los beneficios de las políticas implementadas, reduciendo así la acción pública a la justificación del gasto con énfasis en la atención de lo urgente, pero nunca en lo prioritario o estratégico.
El trasfondo de la situación referida se refleja en la deficiente asignación presupuestal que atiende gastos operativos y corrientes dejando de lado inversiones para la atención de problemas sociales, urbanos, ambientales y de seguridad que en conjunto comprometen gradualmente la gobernabilidad de las entidades; dicho estado de incertidumbre es reconocido como una deficiencia administrativa.
Por su parte, la evaluación gubernamental ha centrado su atención en el gasto de los recursos y no en la generación de bienes y servicios, lo que repercute negativamente en la población, cuyos derechos son vulnerados debido a la aplicación incorrecta de los programas, los cuales fracasan inevitablemente ante la complejidad de las demandas sociales y la asignación presupuestal desordenada.
Además de lo referido, los gobiernos estatales de Quintana Roo han incumplido con el manejo eficaz y eficiente del presupuesto, ya que éste no concuerda con las expectativas de la sociedad y su entorno inmediato, así como con los contextos urbano, social y político.
De manera general, los problemas administrativos se tradujeron en situaciones de confrontación e ingobernabilidad fundamentadas en dos hechos cruciales: por un lado, la inexistencia de modelos metodológicos de planeación gubernamental y, por otro, la formación difusa de sistemas programáticos que organizan acciones alejadas de estos. Equivocadamente se tomaron medidas reactivas y de atención inmediata, excluyendo la posibilidad de establecer un sistema integral de actuación administrativa con soporte de buenas prácticas en materia de planeación, programación, seguimiento, evaluación, control y transparencia.
Sin duda, aminorar los efectos nocivos generados por la falta de planeación es una tarea ardua, ya que tanto la normatividad como su operación cotidiana carecen de herramientas para la identificación y atención a las problemáticas suscitadas en el territorio.
Sin embargo, en el contexto nacional se han registrado avances importantes en la atención a la normatividad expuesta, tales como Sistemas de Evaluación al Desempeño, Políticas de Control y Vinculación Ciudadana, Fiscalización con base en Resultados y esquemas propios de programación (aunque aún sin vinculación directa con el modelo de planeación y el sistema de asignación presupuestal).
La administración estatal de Quintana Roo ha mantenido una confusión en la conformación de su modelo base de planeación al desagregar la atención de necesidades en diversas estrategias, sin el acompañamiento de objetivos estratégicos claros; asimismo, posee una organización forzada de las problemáticas por atender durante los periodos gubernamentales y no dispone de acciones claras por desarrollar para cada área que conforma la administración pública; se atestiguan postulados generales de política pública en el nivel enunciativo y, con ello, deficiencias en su aplicación, pues no se reconocen responsables directos ni actores coadyuvantes.
Un error mayúsculo quedó expuesto en el hecho de que los cuerpos administrativos avanzaron con lentitud y a contracorriente en lo que a programación y presupuesto se refiere, en su intento de dar coherencia a los Planes Estatales de Desarrollo; no obstante, las líneas de acción que se propusieron en los últimos planes de desarrollo, carecen de racionalidad técnica y administrativa, ya que hubo una tendencia a la programación gubernamental de procesos sin dirección clara hacia la obtención de resultados eficaces; de igual forma, se realizó una asignación presupuestal inercial y justificativa de techos presupuestales, sin considerar sus efectos en el desempeño para dicha tarea.
El diseño y ejecución de un modelo de gobierno sin rigurosidad metodológica en la actuación gubernamental generó un escenario propicio para la opacidad administrativa y la falta de rendición de cuentas, justificada en un sistema de programación y presupuestación desprovisto de los medios para verificar el cumplimiento de lo planeado, comprometido y pactado con la sociedad.
Así, desde la perspectiva igualitaria de oportunidades administrativas y de responsabilidad hacendaria, la metodología de Presupuesto con base en Resultados que aplicará el presente gobierno a través de este PED propone enfrentar la asignación irracional e inercial del gasto público, cambiar la verticalidad de las decisiones en materia de planeación y gestión gubernamental, reforzar los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, pero ante todo, coadyuvar para que el gobierno estatal, en coordinación con los otros órdenes de gobierno sean aliados de los ciudadanos en el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a la generación de valor público.
Quintana Roo enfrenta un contexto complejo ante la fragilidad de los sistemas de planeación, programación, seguimiento, evaluación y control, vinculado a la ausencia de técnicas, que en conjunto obligan a la revisión minuciosa de la acción gubernamental; esta situación ha generado que los errores cometidos históricamente sean expuestos en la vitrina pública del contexto nacional.
A causa de las deficiencias señaladas, 2016 se caracterizó por los continuos reclamos a la autoridad gubernamental por parte de los ciudadanos, quienes manifestaron su indignación y molestia ante los abusos de los que fueron objeto; la irritación ciudadana llevó, en el ámbito electoral, a la alternancia política en el estado.
Desde el ámbito del gobierno, el panorama descrito representa un gran espacio de oportunidad para impulsar el desarrollo a través de nuevos esquemas de actuación que sean más eficaces y eficientes, en pro de la entidad.
La política de transparencia y rendición de cuentas de la actual administración tendrá en los ciudadanos a sus mejores aliados; uno de los propósitos es iniciar un proceso de sanación pública y de reconocimiento mutuo respecto a las fallas del sistema en el que todos somos actores protagónicos.
Hay que advertir que partimos de una administración pública que por más de medio siglo vivió sin alternancia: una gestión pública que generó y reprodujo vicios, malas prácticas e inercias que habrá que ir modificando mediante una política pública transversal, a través de la correcta organización y asignación de responsabilidades.
Además, se trabajará coordinadamente con los gobiernos locales en el diseño de una visión de ciudadanía socialmente compartida y con viabilidad técnica-política en su aplicación.
La falta de políticas de innovación con aplicación territorial y colaboración que influyan en el bienestar social ha generado graves contradicciones institucionales. Aunado a ello, la improvisación, falta de planeación e irresponsabilidad han conducido al endeudamiento como única salida a la mala administración de los recursos y como justificación de las funciones que se consideran primordiales en el gobierno.
Esta debacle financiera, que repercute en toda instancia y nivel de planeación, se agrava con el deficiente manejo de los problemas sociales existentes y obliga al nuevo gobierno a plantear acciones puntuales en el manejo responsable de las finanzas públicas y la administración de los recursos, pero además conduce a transparentar los manejos realizados con ellos, así como a postular nuevas acciones sustentadas en la innovación y el conocimiento.
Finalmente, es imprescindible dejar constancia respecto a la falta de corresponsabilidad con los ciudadanos en el diseño y la aplicación de políticas públicas; la existencia de nuevos ordenamientos legales indica la necesaria vinculación entre gobierno y sociedad para conformar juntos la planeación del destino común que como sociedad y gobierno se busca para Quintana Roo.