Balance general de la cuestión económica, política, social y cultural en el contexto internacional
La crisis económica desatada en 2008 menguó los intentos de un crecimiento en las economías nacionales, con fuertes repercusiones negativas en el ámbito social, gubernamental e internacional.
La incapacidad del Estado para hacer frente a los problemas económicos y sociales ha socavado la confianza y credibilidad de los ciudadanos en su poder de acción y de respuesta frente a la crisis. No sólo se han recrudecido los problemas sociales sino que también se ha detenido el desarrollo en infraestructura y en las inversiones pública y privada; países como México, con menores índices de crecimiento, redujeron su capacidad de resolver tales problemáticas, lo que ha generado un clima de inseguridad e inestabilidad social.
La crisis económica también afecta las finanzas de los tres órdenes de gobierno, debido a los distintos recortes presupuestales que se aplican año con año.
Las fluctuaciones macroeconómicas, las variaciones en los precios del petróleo, del gas, y el tipo de cambio, son determinantes en el saneamiento de la economía y las finanzas públicas; por ende, la capacidad de un manejo transparente y responsable de los recursos son claves para dar la pauta a un crecimiento progresivo.
Ante esta situación económica los gobiernos están obligados a desempeñar una administración de los recursos públicos bajo un ejercicio equilibrado del gasto y en la posibilidad de allegarse de una mejor manera de ingresos, evitando en la medida de lo posible un endeudamiento constante que eventualmente ocasiones la quiebra de las finanzas públicas. Para el caso de la política, en todo el mundo se vive un retrotraimiento en la manera de comprender el papel del Estado y su ejercicio del poder.
Por varias décadas, de 1970 hasta el año 2000, la teoría del Estado Mínimo se llevó a la práctica, augurando en su auge una época de estabilidad política en los países democráticos —ya sea por su afianzamiento (en el caso del mundo Occidental), o de la transición a gobiernos democráticos después de años de dictaduras o gobiernos autoritarios (caso América Latina o Europa del Este).
La democracia y el Estado Mínimo se convirtieron en los modelos de desarrollo y de estabilidad política; a partir de la generación de consensos, de la noción de competencia efectiva y de valores sustentados en la pluralidad, se atribuía a la política el principio para la resolución de conflictos, de una manera pacífica y coherente con la estabilidad social.
Sin embargo, a partir del año 2000, distintos acontecimientos a lo largo del mundo han modificado la visión de una política basada en el consenso y de un Estado mínimo, para dar paso a una política del conflicto, de confrontación, y la percepción de la necesidad de un Estado fuerte y ampliado, capaz de sortear tanto la crisis económica como la inestabilidad política y social.
Los problemas derivados de la falta de seguridad en México han adquirido rasgos muy particulares y el ejercicio del poder se ha debido mostrar a partir de acciones contundentes, con el fin de paliar los efectos de una inestabilidad que se acrecienta día a día; la incertidumbre ya no concierne sólo a la democracia, sino a la subsistencia con dignidad de grandes sectores de la sociedad.
La política no sólo requiere ahora de consensos para poder hacer frente a los mayores retos; antes bien, lo que necesita perentoriamente es un ejercicio efectivo del poder para dar cauce a las demandas más apremiantes y mostrar la solidez institucional. Es claro entonces que estos dos momentos —de crisis económica y política— profundizan una sensación de perplejidad entre gobernantes y gobernados.
La protesta social es constante y cada vez más exacerbada, pasando por las llamadas revoluciones de colores en el mundo oriental a las protestas sociales contra la corrupción y los sistemas autoritarios de Latinoamérica y Europa Occidental.
Ante la incertidumbre permanente, la sociedad se muestra descontenta e insatisfecha con la actuación de los gobiernos, con su capacidad de respuesta y de acción; por lo tanto, se suscita una actitud de confrontación con las instituciones que, ya sea en mayor o menor grado, ocasiona una inestabilidad política y cuestiona en distintos grados la eficacia y la eficiencia institucional.
Igualmente, los cambios demográficos, de movilidad social, de sentido de vida de los distintos sectores sociales, obligan a adoptar otro tipo de respuesta por parte de las instituciones, por ejemplo, para el caso de México, la pirámide poblacional se concentra en la población joven de los diez a los cuarenta años, de modo que se prevé que para 2030 transite para concentrarse entre los dieciocho y los cuarenta años, lo que genera otras demandas y necesidades institucionales.
Por lo expresado, es urgente que la acción gubernamental se destine a generar los mecanismos propicios para lograr la estabilidad social que los ciudadanos sienten haber perdido en su cotidianidad.
En la medida en que las personas experimenten en su vida diaria mayor estabilidad, el ejercicio institucional podrá ejercer el poder para la satisfacción social. La cotidianidad es una categoría de análisis necesaria para comprender las dinámicas sociales, incidir en ellas y prever el conflicto social.
Debido a los cambios que se propician en cada sociedad, es necesario que los valores sean incluidos en el análisis interno de los gobiernos; entender que la realidad es dinámica implica comprender por igual que los valores sociales se modifican en función de paradigmas respecto a cómo se logra ver la sociedad a sí misma; en este sentido, algunas instituciones siguen funcionando a partir de una dinámica que para amplios sectores de la sociedad es ya caduca.
Si los valores democráticos (pluralidad, tolerancia y solidaridad, entre otros) en las décadas de 1960 a 1990 fueron los que propiciaron grandes cambios políticos, actualmente una nueva gama de valores (éxito, independencia, competencia) propicia otro sentido de realidad a la cual los gobiernos y las instituciones se enfrentan sin que hasta ahora se perciba una respuesta inmediata y satisfactoria, ya sea porque no cuentan con los mecanismos para afrontarlos o porque institucionalmente se encuentran rebasados como para poder dar una respuesta inmediata.
La amplia agenda en materia de género, grupos vulnerables, minorías, sexualidad, relaciones intrasocietales, relaciones laborales, familiares, e incluso de sentido de vida en poblaciones jóvenes, son factores determinantes que no deben ser soslayados por ningún gobierno (como se hacía mención respecto a la problemática demográfica y su incidencia en la vida económica y política; así como la reducción de edad para votar a los 16 años, está dentro del actual debate político en México; la generación de trabajadores por cuenta propia, quienes no forman parte de la economía de una manera tradicional).
El ambiente que influye en el sistema político se nutre de todos los ámbitos de la esfera social, por lo tanto, entender las perspectivas valorativas debe ser contemplado a la hora de plantearse el ejercicio administrativo, institucional y del poder.
La transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno digital y la nueva gestión pública, forman parte de los cambios a los que se enfrenta la administración, ya que son parte de esta transición social, y porque son exigencias de carácter público. La era digital, por ejemplo, ha planteado un sentido del ejercicio institucional y administrativo a partir de niveles de exigencia distintos al pasado reciente.
Si antes la respuesta de los gobiernos era el mecanismo mediante el cual se alcanzaban los satisfactores sociales y se propiciaba estabilidad, ahora los gobiernos no sólo deben dar soluciones eficaces sino de manera transparente y deben dar cuenta del ejercicio de los recursos y del manejo del poder.
Los gobiernos responsables son parte del tema central que ocupa el debate político y administrativo actual de nuestro país; una responsabilidad que se centra en la capacidad de rendir cuentas a partir de procesos y dinámicas transparentes en el ámbito del ejercicio institucional y administrativo; una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y del saneamiento de las finanzas públicas. Las demandas sociales más sentidas y la crisis de inestabilidad que se padece se centran en la percepción, por parte de los ciudadanos, de que los gobiernos usan los recursos públicos a discreción y mediante mecanismos de opacidad sustentados en añejas prácticas de corrupción; de ahí que el rechazo social se acreciente constantemente.
Las herramientas tecnológicas y el acceso a otros medios de información y comunicación también dan la pauta para nuevas exigencias sociales; la administración y las instituciones se enfrentan a la llamada viralización de la transparencia.
Este panorama general sirve para plantear cuestiones puntuales que tendrán que analizarse a detalle para lograr un mejor alcance y previsión política, con el fin de establecer acciones administrativas soportadas en mecanismos de programación, seguimiento, evaluación, orden y control, para asignar de manera eficiente los recursos públicos en la atención de las demandas sociales.
En la actual dinámica mundial los gobiernos contemporáneos tienen frente a sí diversos retos de carácter político, económico, social y cultural, así como la configuración de los valores que imperen en el constructo de reconocimiento mutuo.
Por lo tanto, hay un cambio de paradigmas en cuanto a la comprensión de las dinámicas sociales y, por ende, sobre el funcionamiento de los gobiernos y del Estado, tanto en el diseño como en la implementación de las políticas y las acciones gubernamentales pues éstas deben estar acordes con los procesos.
Entender la cuestión del Estado en sus distintos órdenes de poder y de gobierno implica entender la cuestión del desenvolvimiento del mundo en todos los ámbitos de la existencia social.
Un gobierno debe tener la capacidad de reaccionar a los distintos procesos y problemas que se generan en la realidad; sin embargo, la respuesta de los gobiernos no puede medirse a partir de las nociones de eficiencia y eficacia, pues la responsabilidad que asuma frente a las acciones emprendidas, la manera en que actúa, y la transparencia en el ejercicio del poder, son hoy en día claves para la 205 política y el ejercicio administrativo, pero sobre todo son un aliciente para los ciudadanos en la necesaria tarea de gobernar corresponsablemente.